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Zapatero nos dice que lo adecuado es hacer lo contrario de lo que dijo antes. Hace doce meses nos decía: “Para salir de la recesión es necesario un impulso fiscal. No haré demagogia sobre si se gasta menos o se gasta más.“ “Si hay alguna propuesta de abaratar el despido o de recortar derechos de los trabajadores, la mayoría del grupo socialista no la va a aceptar.“ “No se producirá ninguna reforma laboral.“ No está en cuestión la solvencia de España, sino la de su administrador.
En el último año la gestión del Gobierno de Zapatero nos ha llevado: A destruir más de 700.000 empleos. Han cerrado más 36.00. empresas. La deuda ha crecido más de 100.000 millones de euros. Se ha disparado el déficit más del 11%. Ha inundado los bancos españoles con su deuda, ahogando el crédito a empresas y familias. Y muchos españoles han descendido del bienestar a la pobreza, por su culpa.
¡ Ha sido injusto . Ni siquiera le ha temblado la mano para congelar las pensiones !
Una arbitrariedad que refleja: Quién ha decidido mostrarse bravo y enérgico con los más débiles para que no se le alboroten es el Sr.Zapatero.
El Partido Popular propone para que España salga adelante,
Un proyecto común en el que quepamos todos. Que se respeten los consensos constitucionales. Que no se juegue a dividir sino a sumar. Que no se engañe a los ciudadanos. Que se entiendan y se respeten los sentimientos de todos. Que el Gobierno de la Nación se ocupe de resolver los problemas de los ciudadanos y no de acrecentarlos. Una alternativa económica como la presentada recientemente por Mariano Rajoy:
1. Reestructuración del sistema financiero:
Promover una reforma de la ley de Cajas que les permita captar capital en el mercado: Permitir a las cajas separar su actividad financiera de la fundacional. Crear cuotas participativas con derechos de voto. Definir de manera más precisa la normativa de los SIP. Impedir la presencia de cargos políticos en los órganos de gobierno de las Cajas. Promover mediante regulación y normativa contable que las entidades valoren adecuadamente sus activos. Vincular el uso de fondos públicos para el sector al saneamiento de sus activos.
2. Reforma de las Administraciones Públicas:
Nueva ley de disciplina presupuestaria que fije techos de gasto y endeudamiento a todas las Administraciones Públicas. Abrir un debate para llevar a la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, tal y como ha hecho ya Alemania. Avanzar en una reforma institucional que defina los ámbitos de competencia de cada administración, evite duplicidades y potencie las competencias de los municipios. Prohibir transferencias entre Administraciones ajenas a los ámbitos competenciales propios.
3. Reformas estructurales para ganar competitividad:
Flexibilizar la negociación colectiva para adaptarla a la realidad económica con cláusulas de descuelgue para las empresas. Reconocer la formación como un derecho de los trabajadores. Permitir que sean los trabajadores quienes la gestionen directamente. Regular de manera clara, sencilla y aplicable la extinción de los contratos para evitar la litigiosidad actual.
Ordenar el sector con un nuevo mix que defina un uso racional y realista de todas las fuentes de energía, desde las renovables a la nuclear. Los costes y la competitividad de nuestra economía deben ser elementos de referencia. Aumentar la competencia en generación y en distribución. Incrementar las interconexiones internacionales. Incorporar nuestros intereses energéticos en el diseño de nuestra política exterior.
Rebaja selectiva de impuestos para fomentar la actividad económica y el apoyo a la inversión. Rebaja efectiva del impuesto de sociedades para pymes y autónomos e IVA súper reducido en sectores como el turismo.
Garantizar el castellano como lengua vehicular. Garantizar la libertad de elección de los padres. Garantizar unas enseñanzas comunes que vertebren y den cohesión al sistema educativo. Mantener el cuerpo nacional de profesorado y reconocer al profesor como autoridad pública.
Promover la creación de un sistema de vigilancia y arbitraje que simplifique la maraña normativa generada por la proliferación de regulaciones autonómica y locales.
Modernizar el marco institucional de la actividad empresarial. Normas claras sobre morosidad, derecho concursal y seguridad jurídica. Garantizar independencia de los organismos reguladores.
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