La imagen que está dando nuestro Ayuntamiento no puede ser más lamentable, raro es el día que el nombre de nuestra ciudad no sale en los medios de comunicación asociado a sus problemas con la justicia por no ceñirse el Alcalde a lo que dicta la legalidad vigente.

La penúltima viene de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha impuesto al alcalde de Telde, Aureliano Santiago, una multa de 1.502,53 euros a pagar cada 20 días de su propio bolsillo, hasta la total ejecución de una sentencia que condenó al Ayuntamiento en su día, a abonar casi 180.000 euros a los dueños de una parcela en la zona de La Garita-San Borondón por su expropiación forzosa para realizar un paseo marítimo.

Estamos ante un alcalde antidemocrático que se ríe de las sentencias judiciales una y otra vez, y que tiene innumerables sentencias pendientes de cumplir y muchos ciudadanos esperando que una vez más el estado de derecho como ha ocurrido ahora con los propietarios de una parcela en la zona de La Garita-San Borondón.

 La gestión de este Alcalde ha sido nefasta siempre que le ha tocado regir los destinos de la ciudad de Telde, pero especialmente ha sido caótica en éste último mandato, donde atropellos laborales, vulneraciones de los derechos de los trabajadores,  usurpación de terrenos privados, etc...han supuesto igualmente numerosas sentencias judiciales condenatorias y muchas indemnizaciones, han supuesto un duro quebranto económico a las arcas municipales. Recordamos sin ir más lejos la reciente sentencia del TSJ de Canarias, que  obliga al Ayuntamiento de Telde a readmitir a Enrique  Orts como interventor municipal al que tendrán que pagarle los salarios que le  deben desde que en el año 2008 fue apartado de su puesto.

Aureliano Santiago se ha cavado su propia tumba política, jamás ha escuchado a sus vecinos que le demandaban una y otra vez más cordura gubernamental, siempre ha hecho lo que ha querido, sin pensar en las consecuencias funestas que esa forma de hacer las cosas le pudieran acarrear, ahora una vez más se topa con la Justicia la cual le hace pagar esta vez de su propio bolsillo sus desafueros. Así debería ser siempre que los políticos paguen de sus sueldos los atropellos que cometen y no que tengamos que ser los ciudadanos quienes apechuguemos con sus desmanes.

Nunca nos hemos alegrado del mal ajeno,  pero cuando la ruindad hace acto de presencia como en el caso  de Aureliano Santiago, son muchos los ciudadanos  los que celebran con alegría que una vez más el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ponga las cosas en su sitio.

Duro revés, uno más, para una institución como el Ayuntamiento de Telde, que debería ser garante en la salvaguarda de los derechos fundamentales y queda una y otra vez en evidencia.