Las distintas leyes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico son cada día más complejas, dificultando en muchos casos la puesta en funcionamiento de inversiones que permitan la recuperación económica e impulsen la contratación laboral. Una vez más, la Unión Europea ha sacado los colores a nuestro país con la Directiva Bolkestein (Directiva 123/2006/CE), en relación a los servicios en el mercado interno y más en concreto con la obligación por parte de los Estados miembros para permitir a los empresarios la posibilidad de abrir sus negocios, bajo su responsabilidad, hasta que tenga respuesta por parte de la Administración competente que le autorice o deniegue la apertura de las instalaciones.

Una de las consecuencias inmediatas que hizo saltar la alarma fue la situación de los mercadilleros que hoy en día tienen garantizada su continuidad durante los próximos 16 años, tras haberse aprobado en el Parlamento de Canarias la petición de los puesteros por el que quedaban concedidas automáticamente las autorizaciones por 8 años más y pudiendo los Ayuntamientos prorrogarlas por otros 8 años.

Sin embargo, no podemos bajar la guardia y debemos seguir luchando para que la situación de los futuros inversores este perfectamente regulado por nuestra Comunidad Autónoma, dejando de existir una amalgama jurídica que impide tener unidad de actuaciones en materia de actividades clasificadas. De hecho, con la Directiva Bolkestein, cualquier empresario esta en disposición de poner en marcha su proyecto sin que tenga que estar esperando por la licencia de apertura eternamente.

La solución a este problema ha sido aprobada por el Parlamento de Canarias con la nueva Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias que intenta atajar los distintos problemas que se han venido planteando con la normativa vigente en la materia, así como adaptarla a la Directiva Europea.

Se deben aunar esfuerzos desde el Cabildo de Gran Canaria y conseguir que el conjunto de municipios de nuestra isla tengan unas ordenanzas idénticas que no tiendan a la confusión administrativa a los empresarios. Los Ayuntamientos deben exigir la misma documentación, y exigir que el Cabildo sea el que impulse el control administrativo en la materia para que cualquier persona con una expectativa empresarial, como fuente generadora de empleo, tenga que presentar los mismos documentos en todos los municipios, y no encontrarnos que cada Corporación Local realiza una actuación diferente.

El Cabildo como gobierno de la isla se encuentra en la obligación de velar porque no existan múltiples diferencias entre los municipios en esta área. El Cabildo debe esforzarse para conseguir un objetivo común entre todas las Corporaciones Locales, una unidad administrativa común que fomente la inversión en la isla como principal factor para paliar la situación de desempleo.

Un ejemplo de esta disyuntiva la encontramos en las solicitudes de licencias de apertura de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificación. El Partido Popular de Telde presentó en esta legislatura una moción para que por parte del Cabildo de Gran Canaria emitiera una resolución donde manifestara que este tipo de instalaciones fuese tratada como una actividad inocua. Se expuso en la propuesta del Partido Popular que en nuestra Comunidad Autónoma ya existía un precedente en la materia, y en concreto por parte del Cabildo Insular de Tenerife que, había realizado esta actuación en este tipo de instalaciones, en concreto mediante Resolución de 28 de julio de 2.009 del Director Insular de Innovación y Desarrollo de Proyectos. A pesar de ser aprobada por el Pleno, todavía no se ha contestado por parte del Cabildo de Gran Canaria al respecto, lo que está provocando un agravio comparativo con el empresariado de Gran Canaria que incide negativamente en el sector. No es lógico que ante la misma materia nos encontremos situaciones diferentes en las islas cuando se aplica la misma normativa para todos.

Por ello, el Cabildo de Gran Canaria como gestor de nuestra isla debe lograr que todos los municipios soliciten idéntica documentación a los empresarios con el objetivo de homogeneizar las actuaciones administrativas y evitar que los inversores se encuentren en situaciones diferentes según el Ayuntamiento donde requiera la licencia de apertura correspondiente. La falta de criterios objetivos en este ámbito, puede suponer un error para todos pero sobre todo para dar el impulso necesario en la diversificación económica, en el repunte de la contratación laboral y en que las administraciones públicas tengan menor burocracia. Lo primero es cumplir el objeto de la nueva Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos permitiendo la apertura de las actividades desde el mismo momento de su solicitud con la garantía del empresario en cumplir con el proyecto presentado con la declaración de responsabilidad.