La primera idea es que España requiere una verdadera reforma laboral. Lo han dicho con elocuente unanimidad todas las instituciones económicas mundiales, El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, El Banco Central Europeo, que se ha pronunciado sobre nuestra situación. Y lo dicen las principales magnitudes que dan cuenta del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. El paro alcanza ya los 5 millones de desempleados, la tasa de temporalidad española es 25.2, tasa de temporalidad del sector público es del 25.4; la media europea es del 12.8 prácticamente la mitad de la española.



Ante estos datos la inactividad de quienes ejercen la acción del gobierno constituye, creo, un grave ejercicio de irresponsabilidad política. Cuando las reformas son necesarias, la pasividad no las evita, si no que las pospone y agrava.



La reforma laboral que España necesita tiene que ser fruto del dialogo social. Nuestro pasado más reciente acredita que, las reformas pactadas aunque no hayan tenido la incisividad que quizás fuera necesaria, ha producido un efecto placebo sobre nuestro sistema de relaciones laborales que sería muy beneficioso experimentar de nuevo. El diálogo social presta legitimación a las reformas, ayuda a implementarla, amortiza el conflicto social y constituye una magnífica señal económica.



Pero para que esa reforma pactada sea posible, es necesario un gobierno que ejerza el liderazgo, que no haga suyo los planteamientos de una de las partes negociadora y hostigue a la otra, sino que tenga un discurso propio, responda a los intereses generales. Yo creo que es de justicia reconocer que el Partido Popular tiene una larga e impecable hoja de servicio en lo que a liderar el diálogo social se refiere.



Esta es una crisis de demanda, a diferencia de los shocks petrolíferos de los años setenta y ochenta, y que presenta problemas difíciles porque requieren soluciones muy distintas y que nos “pillan” sin instrumentos de política económica, como la devaluación cambiaría, que ha sido el instrumento políticamente fácil para resolver los problemas de demanda interna mediante el estímulo de la demanda externa. Es por ello que los economistas insisten, y llevan insistiendo varios años, en una verdadera reforma, porque solo con una verdadera reforma laboral se consigue un aumento de las ganancias de la productividad que nos permite regresar a tasas de crecimientos elevadas y la consiguiente disminución del desempleo.

La Concejal de Gobierno de Solidaridad, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías protege de nuevo a su “líder”, emitiendo un comunicado de prensa carente de sentido en relación con la nota de régimen interior que intentaba “amedrentar” la labor de los Jefes de Servicio y los Concejales de Área.

La nota de prensa intenta confundir entre las multas por no remitir copias cotejadas y diligenciadas de los expedientes administrativos a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo que así lo soliciten, de las multas a las autoridades que hubiesen realizado la actividad objeto del recurso.

Vera usted Sra. Milán, el Partido Popular está completamente de acuerdo que si un órgano jurisdiccional solicita un expediente administrativo concreto y la Concejalía correspondiente no se lo remite, se deberá depurar las sanciones a los responsables de esas Áreas de gobierno, porque así le asiste legalmente. Sin embargo, el Partido Popular duda mucho que exista ese tipo de actuaciones administrativas dentro del Ayuntamiento, y si eso fuera así, usted como responsable del Área que lleva tenía que haber tomado cartas en el asunto con mucho tiempo de antelación.

No obstante, la nota de régimen interior que remitió usted a los Jefes de Servicio y a los Concejales habla única y exclusivamente de “la imposición de multa de 1.502´53 € al Alcalde por no ejecutar una Sentencia”. Es decir, entre no remitir un expediente administrativo y no cumplir una sentencia firme, existe un abismo jurídico de tal envergadura que no cabe parangón.

De hecho, el escrito firmado por usted y remitido a la prensa, si bien entendemos que se lo hayan realizado desde la Asesoría Jurídica Municipal, recoge el artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precepto que se lo debería leer usted atentamente para que sepa lo que suscribe, pero que en aras a la inmediatez le transcribo literalmente:

“Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”.

El Grupo Municipal del Partido Popular de Telde ha presentado un escrito en el registro general de entrada del Ayuntamiento solicitando el cierre inmediato de los viales de la Urbanización Arauz, en el sector de las Ramblas de los Picachos, a consecuencia de que las mismas no se encuentran debidamente recepcionadas por el Ayuntamiento.

La falta de recepción de la urbanización, y la apertura al tráfico rodado de los referidos viales, con señalización de los mismos, por parte de una actuación administrativa que pudiera ser contraria a derecho, implicaría responsabilidades patrimoniales y penales a los miembros del grupo de gobierno, y sobre todo la indefensión de los conductores y viandantes en caso de siniestro en alguno de los viales abiertos, por cuanto las aseguradoras no accederían a activar las pólizas contratadas, siendo responsable directo los Concejales que están permitiendo esta conducta antijurídica (Seguridad y Tráfico, Patrimonio y Urbanismo).

Asimismo, se emplaza al Alcalde que proceda conforme estime en derecho, toda vez que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de junio de 2.009, se acordó por unanimidad la inhabilitación por periodo de 5 años a una entidad mercantil para contratar obras públicas en Telde, consecuencia, y según consta en el referido Acuerdo, de “incumplir con mala fe el contrato por el que se le adjudicó las obras de urbanización de Arauz”.

Dado que el Acuerdo de inhabilitación se encuentran recurrido por la entidad, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y que existe Auto del referido órgano jurisdiccional por el que admite la medida cautelar de suspensión del acto emanado por la Junta de Gobierno Local, el Grupo Municipal del Partido Popular estima que la apertura de unos viales no recepcionados por el Ayuntamiento pudieran derivarse actuaciones contrarias a las decisiones de órganos colegiados de esta Corporación Local, así como del órgano judicial que conoce la causa.

El Partido Popular quiere informar a la ciudadanía de Telde de la actitud cobarde e irresponsable que, una vez más, demuestra el actual alcalde de la Ciudad, Aureliano Santiago, quien vuelve a eludir sus responsabilidades políticas y judiciales, y pretende que sean los funcionarios del Ayuntamiento los que carguen con las consecuencias derivadas de los incumplimientos judiciales que protagoniza el alcalde.

Recientemente, la concejala de Régimen Interior, Josefa Milán Padrón, ha dirigido una circular a todos los jefes de Servicio de las distintas concejalías del Ayuntamiento de Telde, en el cual se les insta a asumir la responsabilidad judicial que pudiera existir en el caso de que el Ayuntamiento no ejecute las órdenes y sentencias judiciales, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años.

El comunicado de Régimen Interior del Ayuntamiento dice textualmente que “Como consecuencia de lo acaecido el pasado martes, en relación al artículo de prensa publicado en los periódicos de mayor difusión de la isla, sobre la imposición de una multa de 1.500 euros al Alcalde por no ejecutar una sentencia, se le informa de que a partir de ahora la responsabilidad sobre el cumplimiento de cualquier resolución judicial la asumirá el Jefe de Servicio y el Concejal del Área que corresponda, y así deberá ser comunicado al Órgano Jurisdiccional que requiera en cualquier momento al Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo que se ordene por esa superioridad. Lo que comunico a los efectos oportunos”.

Para el Partido Popular resulta intolerable este despropósito político sin precedentes en Canarias, por medio de la cual, el alcalde de Telde, máximo representante de la Institución, y responsable directo del Ayuntamiento, quiera de nuevo escurrir el bulto, y cargar a los funcionarios municipales, a los Jefes de Servicio, con las consecuencias legales que sus actos pudieran tener.